Fredy Massad

El concepto «pobreza energética» es definido en el Reglamento del Fondo Social para el Clima de 2023 y en la Directiva Revisada sobre Eficiencia Energética como «la falta de acceso de un hogar a servicios energéticos esenciales que proporcionen niveles básicos y dignos de vida y salud, incluyendo niveles adecuados de calefacción, agua caliente, refrigeración, iluminación y energía para abastecer electrodomésticos, dentro del contexto nacional pertinente, la política social existente y otras políticas relevantes, causada por una combinación de factores, entre los que se incluyen la no-asequibilidad, una renta disponible insuficiente, un gasto energético elevado y una eficiencia energética deficiente en los hogares».

Según reza el documento elaborado por el Ministerio de Transición Energética donde se expone la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, «la pobreza energética en España es un fenómeno complejo cuya aproximación demanda un análisis multidisciplinar y actuaciones coordinadas de las distintas políticas por parte de los poderes públicos. (…) Una actuación en este ámbito requiere de una suma de políticas sectoriales diferentes: la política energética y de transición ecológica, la política social y de atención a personas desfavorecidas, la política de vivienda, acondicionamiento y rehabilitación de hogares, la sanitaria, etcétera».

La figura del «consumidor vulnerable» tiene una marcada importancia dentro de las acciones a emprender en el marco de esta estrategia, al ser aquel consumidor que se encuentra en situación de pobreza energética, pudiendo, por ello, ser beneficiario de las medidas prestacionales ofrecidas por las administraciones. Estas medidas prestacionales son soluciones de protección a corto plazo que permitan a los consumidores vulnerables hacer frente a los pagos de los suministros energéticos, que se suman a otros planes relativos a medidas estructurales y de eficiencia energética. En ambos tipos de medidas se alude a edificios y hogares de consumidores vulnerables, incidiendo en que estos constituyen un elemento fundamental para abordar la pobreza energética, ya que buscan realizar un cambio permanente en los hogares que permita reducir su dependencia de otras medidas prestacionales. Es decir, esas medidas estructurales y de eficiencia energética suponen una solución clave para asegurar una solución y prevención a largo plazo de las problemáticas que puedan ser generadas por eventuales circunstancias que pongan en riesgo el abastecimiento energético imprescindible para el bienestar de todos los consumidores. El abanico de medidas en este sentido es mucho más amplio que respecto a las medidas prestacionales, señala el documento, aunque se apresura a apuntar que «requiere un conocimiento profundo de la situación de los hogares, de las carencias que presentan y de cómo enfocar estas actuaciones para lograr un mayor coste-beneficio. Es decir, que con la menor inversión necesaria se obtengan los mejores resultados posibles.»

Examinándola de cerca, en esta última observación puede leerse implícita la inmensa complejidad exigida por la tarea de recabar toda la información que, de manera rigurosa y bien pormenorizada, proporcione ese conocimiento sobre una situación para la que, lógicamente, no puede abordarse a través de soluciones ‘generales’, sino sumamente específicas, no sólo a escala local, sino incluso a escala particular –para poder detectar las carencias y necesidades de cada edificio y/o unidad habitacional. Se plantea así la pregunta de cómo articular desde las administraciones este estudio y la definición e implantación de correctas y eficaces medidas estructurales y de eficiencia energética, algo que para la arquitecta Ana Sánchez-Ostiz Gutiérrez, investigadora y responsable de estrategia internacional del Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios en la Universidad de Navarra, es la acción clave a desarrollar:

« La pobreza energética es un problema de gran trascendencia social, ya que no sólo las familias no pueden pagar el coste de la energía para calefactar y/o enfriar sus viviendas, sino que además coincide con el hecho de que estas familias viven en los peores edificios, de muy baja eficiencia energética, porque son lo que les es posible costearse. Las consecuencias son: temperaturas inadecuadas en el interior de las viviendas que pueden afectar a la salud de las personas, especialmente de los más vulnerables como son las personas mayores y los niños. Entre medidas basadas en el pago directo de la energía para las situaciones de pobreza energética o las medidas de rehabilitación de las viviendas, creo que son más efectivas las segundas. En las primeras, cuando el edificio es de baja calidad, con cerramientos sin aislar, al calentar la vivienda, la mayor parte de la energía generada se perderá a través de la envolvente térmica (fachadas y cubiertas sin aislamiento térmico, ventanas de muy bajas prestaciones,…) y la temperatura descenderá rápidamente en cuento se apague la calefacción. En cambio, si se rehabilita la envolvente térmica, se necesitará mucha menos energía para calentar la vivienda y se mantendrá las temperaturas de forma más homogénea», explica. «Las propuestas de actuación en casos de pobreza energética tienen que partir de un diagnóstico de las condiciones de esas viviendas (en general, con fachadas y cubiertas sin aislamiento térmico, problemas de condensaciones, ventanas muy deficientes que producen grandes infiltraciones de aire, vidrios y persianas rotas, etc…) y de las condiciones socioeconómicas de sus usuarios. En base a esas condiciones se deben establecer planes de acción prioritarios: técnicos en los que participan los especialistas, y de financiación en los que es imprescindible la participación de la Administración Pública.»

Para Sánchez-Ostiz, todas las políticas de rehabilitación energética del parque de viviendas existentes –tales como el programa PREE5000 (destinado al impulso a la rehabilitación energética y a la disminución del consumo de energía final y de las emisiones de CO2 en el parque de edificios en municipios de reto demográfico) o PIREP (destinado a la rehabilitación de edificios públicos)- son absolutamente imprescindibles para poder alcanzar los objetivos de descarbonización y edificios de consumo casi nulo:

«El 55 % del parque inmobiliario en España fue construido antes de 1980, año en el que se aplica la primera normativa de condiciones térmicas en los edificios NBE-CT-79. Sólo las viviendas construidas entre 1940-80 suponen el 46% y la mayoría de ellas responden a tipologías muy repetitivas. Todas ellas e incluso las construidas entre 1980 y 2006 necesitan rehabilitarse. Por ello, programas financiados por la Administración Pública como el PREE5000 o el PIREP son adecuados para conseguir los objetivos nacionales, europeos e internacionales en materia de cambio climático. Asimismo, están orientados a la renovación de las envolventes térmicas introduciendo materiales aislantes y sustituyendo ventanas de bajas prestaciones para disminuir la demanda energética, así como la sustitución de los sistemas de producción de calor de combustibles fósiles y la incorporación de energías renovables que conllevará la descarbonización del parque inmobiliario construido. Estas políticas van en consonancia con la estrategia europea wave 2020, así como la ERESEE, cuyo objetivo es duplicar la tasa de rehabilitación de edificios en los 10 próximos años para reducir las emisiones, impulsar la recuperación y disminuir la pobreza energética. Asimismo, se pretende ir mejorando la calificación energética de los edificios ante las amenazas desde Europa de prohibir la venta y alquiler de viviendas de muy baja calificación energética (letra G), como ya se intentó en diciembre de 2021.»

La labor de especialistas como ella, desde universidades e instituciones científicas, supondrá un punto de apoyo clave para la realización de esos estudios específicos que permitan ofrecer esas soluciones ‘individualizadas’, a escala local y celular, (en muchos casos, también innovadoras) que permitan una puesta al día de los edificios ya existentes (puesto que, dentro de este actual contexto rehabilitar es una opción más claramente inteligente y sensata que construir), de modo que aseguren el bienestar de sus habitantes en todos los niveles posibles. Sánchez-Ostiz pone como ejemplo prestaRener, un proyecto de investigación con el que se monitorizaron las condiciones de temperatura, humedad y CO2 de 150 viviendas en Pamplona, lo que permitió detectar numerosos casos de pobreza energética. La monitorización de dos edificios contiguos correspondientes al periodo de 1940-1980 puso de manifiesto la existencia de familias en situación de pobreza energética en ellos. En uno de los edificios se rehabilitó la envolvente térmica, gracias a lo que se permitió asegurar que sus viviendas tuvieran entre 2 y 4ºC más de temperatura que las del edificio no rehabilitado, de modo que se aseguraba su mantenimiento en 16ºC, temperatura bajo la cual comienzan las afecciones a la salud. Señala también la propuesta presentada en una tesis doctoral dirigida por ella donde se planteaban como una eficaz solución de bajo coste para una vivienda en situación de pobreza energética y cuyos habitantes eran un matrimonio con hijos de corta edad la articulación de unos refugios térmicos, que aislaban por el interior el salón y un dormitorio.

«Tradicionalmente la pobreza energética se ha asociado con el invierno y la dificultad de calefactar, pero con el cambio climático se está produciendo un endurecimiento de las temperaturas, con una mayor presencia de olas de calor, de mayor duración e intensidad. Los edificios deben rehabilitarse para conseguir el bienestar y confort tanto en invierno como en verano y con el menor consumo energético posible», recalca esta experta, incidiendo en la importancia de incrementar la eficiencia energética de nuestras viviendas como prevención a largo plazo de esa forma de pobreza.